La sociedad inclusiva, un reto para la educación

Mª Antonia Casanova

Son ya muchas las décadas en las que se viene trabajando, de uno u otro modo, la integración/inclusión en el planteamiento del sistema educativo institucional, con vistas, como no puede ser de otra forma, a conseguir el respeto de los derechos fundamentales de la persona y una sociedad en la que todas puedan vivir y convivir con igualdad de oportunidades, sin ser segregadas o discriminadas por ningún tipo de causa.

Partimos del principio de que todas las personas somos diferentes, por lo que utilizar “la diferencia” como factor discriminatorio resulta, al menos, totalmente incorrecto, si no también injusto. Los grupos de alumnos que se conforman en los centros docentes en absoluto son homogéneos, como se pretende por el simple hecho de que tengan la misma edad. En efecto, pueden tener todos 10 años, pero ciertamente son todos diferentes. La diversidad en las aulas es una realidad, como lo es en la propia sociedad.

No obstante esta evidencia, ha sido muy larga la tradición de separar a las personas, en educación, por sexo o por distintas discapacidades, como ejemplos más generalizados hasta no hace tantos años. Igualmente, la etnia es otro elemento de discriminación escolar en otras culturas. Y también es cierto, como antes comentaba, que son ya décadas las que han transcurrido en las que estas tendencias se están modificando, aunque esté costando más de lo previsto alcanzar el nivel de inclusión total que exige una sociedad democrática y que valora -al menos, teóricamente- la diversidad como riqueza.

La educación es un proceso complejo, sin duda, que exige un importante cambio de actitudes y mentalidades para llegar a suprimir las barreras que impiden o dificultan el acceso al aprendizaje de toda la población. Pero conseguirlo es un reto que debemos tener como meta para que la sociedad sea justa con el conjunto de la ciudadanía. Porque, si no se plantea, si no se hace en la escuela, ¿qué otra institución está preparada y dispone de los medios para lograrlo?

Veremos, brevemente, cuál ha sido la evolución del camino recorrido hasta ahora y cuáles son los avances pendientes para lograr las metas propuestas y deseadas.

Un poco de historia

La Ley General de Educación de 1970 inicia el camino de la incorporación del alumnado con necesidades educativas especiales a los centros ordinarios, si bien en aulas específicas para su atención. Es un primer paso, que reconoce la importancia de la educación conjunta con objeto del conocimiento mutuo entre la población escolar y de la correcta socialización de la ciudadanía, de cara a convivir en una sociedad más equitativa. Como se observa, se entendía esta integración pensando solamente en personas con algún tipo de discapacidad.

En este mismo sentido, hay que destacar la publicación de la LISMI en 1982, ya en un contexto democrático de gobierno, que abarca todos los sectores de la vida de la persona y, evidentemente, también de la educación. Abre la puerta a que la incorporación del alumnado con discapacidad se integre totalmente en el sistema ordinario, como así se hizo en determinadas experiencias locales, con alguna dificultad inicial, pero con éxito rotundo.

En 1985, el Decreto 334 ordena la educación especial y da pie a la publicación, ese mismo año, de la Orden de 25 de marzo, en la que se plantea la experimentación de la integración educativa para el curso 1985/86, lo que supuso un fuerte cambio estructural del sistema, pues los Centros de Educación Especial quedaron dedicados, exclusivamente, al alumnado que en aquella realidad no era posible atender en la escuela ordinaria, bien por su pluridiscapacidad o por la gravedad de la misma.

Entre 1985 y 1990 (fecha en que se implanta la LOGSE), se llevan a cabo dos evaluaciones del programa y se confirma lo positivo de su implementación, por lo que se establece como norma general la escolarización del alumnado con discapacidad en centros ordinarios, si bien, como todos sabemos, todavía en este año 2025 no se ha cumplido la norma en su totalidad.

Toda la legislación posterior, hasta la actual LOMLOE (2020), mantiene el principio de inclusión para el sistema educativo. Esta Ley da un plazo de diez años para que las Administraciones educativas provean de los recursos necesarios a los centros ordinarios, de manera que se atienda satisfactoriamente a todo el alumnado y, de este modo, pueda estar el conjunto de la población en las mismas instituciones, lo que garantiza esa igualdad de oportunidades tan esperada y que tarda tanto en llegar.

Un cambio de mentalidad para la educación

Durante los años transcurridos en este proceso paulatino de integración del alumnado con discapacidad a los centros ordinarios, se produce una reflexión obligada. Esos niños eran “diferentes”, pero el resto… también. Cada persona es singular y posee peculiaridades propias que la hacen única. El sistema educativo institucional, por muy flexible que quiera plantearse, debe fijar niveles de consecución competencial y de aprendizajes de todo tipo para la generalidad del alumnado, por lo que en el programa de integración se establecían las adaptaciones curriculares (más o menos significativas) para atender al alumnado considerado como “especial”, por sus diferencias con respecto al resto.

Ahora bien, si la sociedad democrática admite la diversidad como una riqueza para todos, ¿cuál será la solución para atender personalizadamente a cada alumno, dada su diferencia con los demás? ¿Una adaptación curricular para cada estudiante? No parece razonable. En consecuencia, evoluciona el concepto y la aplicación de la integración educativa hacia un modelo inclusivo, que afecta a todo el alumnado y que implica la flexibilización del sistema, que debe adecuarse a las características del alumno o la alumna, y no a la inversa. Así, la educación inclusiva debe aplicarse a todos los estudiantes, porque todos son diferentes. Y, por lo tanto, todos saldrán beneficiados con este modelo universal de educación.

Creo no equivocarme si afirmo que todavía son muchas las personas que siguen pensando en que la educación inclusiva se dirige al alumnado con discapacidad, de otras culturas y lenguas, etc. Pero no es así. Aunque estos grupos precisen de mayores apoyos, en su caso, eso no significa que el resto no necesite de intervenciones que tengan en cuenta sus características: sexo/género, capacidad, talento, contexto familiar y social, motivaciones personales, estilo y ritmo de aprendizaje, situaciones de enfermedad o convalecencia, etc. Diversidad que debe considerarse en el momento de plantear situaciones de aprendizaje motivadoras, flexibles, variadas…, para despertar la curiosidad y el interés del conjunto del grupo, pues estos dos factores constituyen el motor del aprendizaje. Las aportaciones de las neurociencias están resultando decisivas para favorecer esta atención personalizada.

Algunas cifras para pensar

A pesar de las décadas en las que se lleva trabajando por la plena incorporación del alumnado con discapacidad al sistema ordinario, todavía tenemos en abril de 2024 -según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional- a un 15.8% de esta población escolarizada en centros de educación especial (41.521 alumnos), alcanzando ya el 84.2% los escolarizados en la escuela ordinaria (221.211 alumnos). Un aspecto grave en estas cifras, es que hay hasta una diferencia de casi 20 puntos entre unas Comunidades Autónomas y otras; por ejemplo, en Galicia hay un 91.3% de alumnado en centros inclusivos, mientras que en Canarias solo lo está el 73.1%. Sin comentarios.

Como las cifras son similares a las del curso 2022/2023 (ver tabla 1), podemos entrar en algunas consideraciones, por el interés que tiene el analizar dónde se encuentran las barreras principales para que no se alcance la práctica totalidad del modelo inclusivo.

Si observamos el incremento que se experimenta en el paso de la Educación Infantil a la Primaria, resulta correcto, pues esta segunda etapa ya es obligatoria. Pero entre la Primaria y la Secundaria Obligatoria se pierden 36.354 alumnos y entre la Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, perdemos otros 56.052. Demasiados, ¿no? Pero no desaparecen todos del sistema. En diversos programas de Formación Profesional y otros programas formativos, continúan escolarizados 18.299 alumnos. No obstante, quedan muchos sin detectar dónde siguen su formación. Realmente, habría que suponer que solo en las personas con discapacidad intelectual o pluridiscapacidad se justificaría la no continuidad de los estudios, bien de bachillerato o universitarios, si se contara con los apoyos precisos para su plena educación. Está comprobado que, en determinados centros ordinarios que escolarizan alumnado con discapacidad y que cuentan con los recursos adecuados, estos llegan a los estudios que eligen sin mayores problemas. En conclusión, que la falta de cumplimiento de la normativa vigente no se debe tanto a las discapacidades existentes, sino a la falta de voluntad política de resolver la situación planteada.

Nos hemos fijado en los datos de la educación especial, porque son un claro reflejo de la situación general, pero si pasamos a la primera columna de la misma tabla, comprobaremos que con el alumnado que presenta otras necesidades de apoyo, pero sin discapacidad alguna, se da una situación similar. Es decir, que la problemática se centra más en el modelo de procesos de enseñanza y de aprendizaje en las aulas, que en las posibles dificultades que tengan determinados estudiantes.

Los retos pendientes

Partiendo del concepto que ya expusimos acerca de la educación inclusiva, positiva para el conjunto del alumnado, hay que considerar la necesidad de innovar las prácticas educativas tanto en la organización de los centros, como en el interior de las aulas. Y como esa innovación tendrá que suponer la atención a todo el alumnado, con sus diferencias particulares, entendemos que las medidas que deberán adoptarse serán de carácter general, a las que se unirán los apoyos específicos cuando resulten necesarios.

Sintetizamos a continuación algunas medidas que consideremos apropiadas para avanzar con cierta celeridad hacia la consecución de la educación inclusiva real en nuestro sistema:

1.       Aplicación generalizada en las aulas de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. Recordemos: proporcionar múltiples medios de representación, proporcionar múltiples medios de acción y expresión y proporcionar múltiples medios de motivación y compromiso. Es una forma de convertir en accesible cualquier modelo de diseño curricular existente.

2.       Utilizar estrategias metodológicas diversificadas, que respondan a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado.

3.       Implementar un modelo de evaluación continua, cualitativa y con funcionalidad formativa, de manera que contribuya eficazmente al conocimiento paulatino de los procesos de aprendizaje del alumnado y ofrezca posibilidades de corregir las posibles disfunciones que se presenten durante el desarrollo de los mismos.

4.       Asumir plenamente la autonomía pedagógica de los centros, para elaborar diseños curriculares contextualizados con su entorno y su alumnado, estableciendo normas organizativas flexibles que permitan la educación inclusiva.

5.       Incorporar el profesorado de apoyo y de orientación a los centros ordinarios, que hagan realidad la atención educativa personalizada y de calidad para el conjunto del alumnado escolarizado.

6.       Mantener programas de actualización y perfeccionamiento de todos los profesionales involucrados en la educación: profesorado, directivos, inspección de educación, orientadores…, para innovar de modo permanente con los avances que se produzcan en todos los órdenes que afectan a la enseñanza.

7.       Revisar y actualizar la formación inicial del profesorado.

8.       Promover las medidas de apoyo pertinentes para que el alumnado con discapacidad pueda continuar su formación en niveles educativos no obligatorios.

9.       Establecer la educación a lo largo de la vida para las personas adultas con discapacidad, incorporando a este proceso a los centros de educación de personas adultas.

10.  Organizar cauces de colaboración entre las diferentes Administraciones, que faciliten las gestiones necesarias a las personas con dificultades específicas.

11.  Transformar los centros de educación especial en centros de asesoramiento, apoyo especializado y recursos, dirigidos a la adecuada atención de todo el alumnado.

12.  Evaluar el funcionamiento de la educación inclusiva institucional de forma específica, con objeto de subsanar las posibles dificultades que se presenten y mejorar su funcionamiento, a la vez que reforzando los aspectos positivos detectados y favorables para su avance.

13.  Estimular la participación de la comunidad educativa en los centros, en orden a constituir comunidades de aprendizaje favorables para toda la población.

14.  Incorporar a las asociaciones y a las personas con discapacidad a los ámbitos de decisión relacionados con las medidas que se adopten para su atención.

Hacia dónde vamos

A pesar del camino que nos queda por recorrer, hay que reconocer los grandes avances que se han producido tanto en los planteamientos educativos generales como en el campo de la educación inclusiva. No hay que ir mucho más atrás para contemplar realidades totalmente distintas a las que nos proponemos ahora. Ya fue un éxito contar con centros de educación especial, pasar por las aulas de integración y llegar, en estos momentos, a exigir la educación de calidad para todos que pretende la inclusión.

Insisto en un primer pensamiento: si no se logra la convivencia en la diversidad durante los años de escolaridad, en las primeras edades en las que no existen prejuicios, ¿cuándo y dónde se va a conseguir? La sociedad tiene un reto pendiente, fundamental para su supervivencia, que se apoya en un modelo educativo que responda a esas exigencias que se ponen de manifiesto cada día en nuestra vida diaria. Tanto a nivel personal, como nacional e internacional.

Es destacable, por ello, que estas propuestas se realicen a nivel mundial y que, incluso, estén recogidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y, más en concreto, en el cuatro. Esto alimenta la esperanza de que seguiremos adelante y que, por fin, seremos capaces de pisar el acelerador para llegar cuanto antes a la meta de justicia y equidad para toda la población. No olvidemos el poema de León Felipe:

                                            Voy con las riendas tensas

                                            y refrenando el vuelo

                                            porque no es lo que importa llegar solo ni pronto

                                            sino llegar con todos y a tiempo.

Para saber más

Booth, T. y Ainscow, M. (2015). Guía para la educación inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares. Fundación Hogar del Empleado-OEI.

Casanova, M.A. (2017). Educación inclusiva en las aulas. La Muralla.

Sánchez Fuentes, S. (2023). El Diseño Universal para el Aprendizaje. Guía práctica para el profesorado. Narcea.

Normas legales citadas

Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa.

Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).

Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la educación especial.

Orden de 20 de marzo de 1985, sobre planificación de la educación especial y experimentación de la integración en el curso1985/86.

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).